Por Valentina Doniez, de la Fundación Sol / Publicada en El Desconcierto
En estos días, con nuevos ministros de Hacienda y Trabajo, se retomó la discusión sobre la Reforma Laboral. En la Comisión de Trabajo de la Cámara se están votando las indicaciones al proyecto que luego deberá pasar al Senado para ser ratificado antes de septiembre, según la planificación del gobierno.
Lamentablemente el debate se ha apurado y encerrado en algunos tecnicismos que no dejan ver los argumentos de fondo de cada actor, lo que permitiría abrir más el debate. Porque la Reforma Laboral es un tema que nos involucra a todos: se trata, por ejemplo, de definir si queremos que las relaciones en el trabajo se den principalmente de forma individualizada y en grupos temporales o bien a través de estructuras de representación colectiva, como los sindicatos, donde la unión hace la fuerza.
El modelo laboral vigente genera sindicatos enclaustrados en la empresa, que compiten entre sí, que sólo puede negociar salarios de forma contenida y alejados de la política. Esto es problemático cuando 42% de los asalariados privados laboran en micro y pequeñas empresas, donde tienen bajísimas posibilidades de organizarse. En las grandes, aunque existen más probabilidades, hay prácticas antisindicales sutiles y sistemáticas como la cooptación de dirigentes, los beneficios selectivos o la persecución.
Esto se ha traducido en que seamos más de 7 millones de trabajadores, pero sólo 1 millón se encuentre organizado. Con estos elementos podemos entender la alta desigualdad que existe en Chile, donde el 50% de los trabajadores gana menos de 260 mil pesos líquidos y el 1% de los chilenos concentra el 30,5% de la riqueza producida. Con derechos sociales altamente privatizados, los bajos salarios se relacionan con desigualdades en la educación, salud, vivienda y previsión, entre otros. En 35 años no se había discutido profundamente sobre el orden del trabajo instaurado en la dictadura con el Plan Laboral. Los cambios a las leyes laborales que se hicieron durante los 90 y 2000 fueron parciales, principalmente centrados en el derecho individual. Pero hoy se abre la posibilidad de debatir sobre cuál queremos que sea nuestro modelo de relaciones laborales y cuál es el rol del sindicalismo en la sociedad.
La ideología detrás del Plan Laboral sigue vigente en la posición de empresarios y políticos de derecha, quienes se oponen a la mayoría de los contenidos de la reforma por favorecer a los sindicatos. De esto deducen que se traducirá en la pérdida de más de 150 mil empleos, porque los empleadores no soportarán las alzas indiscriminadas de los sindicalistas. Esto confirma que existe una confrontación profunda con el diagnóstico que hace el gobierno ya que la corriente neoliberal no concuerda con la noción de sindicato y lo acepta sólo en caso que sea muy débil, como grupo de bienestar.
La titularidad sindical, prohibir el reemplazo de trabajadores en huelga o el cambio en la extensión de beneficios modificaría la balanza hacia los sindicatos y así se vulnerarían las libertades personales, desde su punto de vista. Para ellos en Chile no hay una baja tasa de sindicalización sino “la sindicalización que los trabajadores desean”. Con estos argumentos se ha formado un frente común de empresarios de las principales ramas de la economía para evitar que se pierdan sus prerrogativas.
El gobierno, por su parte, demuestra una posición contradictoria. Por un lado reivindica la acción de los sindicatos, debido a sus efectos estudiados sobre la distribución de los ingresos y fortalecimiento de la democracia, pero por otra, sólo considera modificaciones normativas restringidas. La gran retórica que se mantiene es el combate contra la desigualdad, pero cuando se exige negociación colectiva ramal, se invoca la existencia de un programa que no puede ser sobrepasado. De esta forma, en la Nueva Mayoría existe conciencia de lo fundamental que resulta desmantelar el Plan Laboral, pero dado que desde su perspectiva no existen las condiciones para realizarlo, la mejor opción es moderarse.
Para defender su posición algunos plantean, desde un argumento maniqueo, que o se está a favor de la Reforma Laboral del gobierno o se está en contra, “haciéndole el juego a la derecha”. Pero desde el mundo de los trabajadores existen varios matices en su posicionamiento público, demostrando que el debate no se reduce a estar a favor o en contra del programa de gobierno. Todos los sindicatos comparten muchas de las críticas a los contenidos del proyecto. Tempranamente se denunciaron contenidos que tendían a criminalizar la acción sindical y que claramente habían sido colocados como guiño al empresariado. Otros temas como el piso mínimo y los servicios mínimos, usados como moneda de cambio para poner fin al reemplazo de trabajadores en la huelga, siguen siendo resistidos.
Por último, un cambio profundo en el sistema de negociación colectiva es demandado por un amplio espectro de organizaciones de los trabajadores. “En la coyuntura actual estamos ante la posibilidad de un debate de gran envergadura… ¿Con quién estará la Nueva Mayoría? ¿Con los empresarios o los trabajadores? ¿O seguirá en una postura contradictoria?” Cabe señalar que los sindicatos no hablan de una negociación ramal como una demanda abstracta sino porque se han dado cuenta en la práctica que es la única forma de conseguir mejoras para los trabajadores. Estamos hablando de los portuarios, por ejemplo, que estuvieron peleando por una media hora de colación que había sido arrebatada por los empresarios en 2005. O los trabajadores a honorarios del Estado, que buscan mayor estabilidad. Son también los trabajadores subcontratados de la minería y, desde hace muchos más años, los trabajadores del sector público. En todos estos casos las organizaciones de los trabajadores han debido ir más allá de empresa para dar peleas por mayor justicia. Pero precisamente ese punto es el más resistido por los empresarios ya que no quieren perder poder en la empresa, ni en la sociedad. Un sindicato fuerte es una amenaza para la concentración de la riqueza.
Frente a estas posiciones contradictorias, el gobierno debería manifestarse. Hasta ahora lo ha hecho tratando de conciliar elementos de ambas posturas, haciendo alarde de una gran capacidad de diálogo pero a la larga la reforma laboral deberá ser medida en cuánto logra modificar el desequilibrio en las relaciones laborales. En la coyuntura actual estamos ante la posibilidad de un debate de gran envergadura, donde se podría dar un proceso de deliberación sobre las relaciones de trabajo y el poder que se le reconoce a cada actor. ¿Con quién estará la Nueva Mayoría? ¿Con los empresarios o los trabajadores? ¿O seguirá en una postura contradictoria?
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