El abogado constitucionalista Fernando Atria -ex integrante del equipo programático de Michelle Bachelet- analiza la discusión abierta tras el discurso de la Presidenta ante el Congreso, especialmente la ausencia de una definición sobre el “proceso constituyente”. El experto cuestiona la posibilidad de realizar un plebiscito ratificatorio -como han planteado algunos sectores políticos- y apunta a una “deslegitimidad” del Parlamento para encabezar este proceso.
¿Qué entiende por “proceso constituyente”?
Vincularía eso con lo que la Presidenta dijo el 21 de mayo: que es necesario conciliar una participación realmente incidente con un momento institucional legítimo y oportuno. Entonces, la observación obvia es que hay una tensión, porque está claro que el procedimiento actualmente vigente de reforma constitucional no permite una participación ciudadana realmente incidente. Eso está tan claro, que en parte de la derecha -como RN- ya han aceptado la idea de que esta nueva Constitución tiene que tener un plebiscito ratificatorio posterior.
¿Qué sería lo más “incidente”?
¿Qué pasa si uno dijera que en vez de haber un plebiscito ratificatorio posterior, hubiera un plebiscito anterior sobre distintos mecanismos? Eso es mucho más incidente. Los procedimientos que hoy existen están pensados para neutralizar, para impedir que a través de las decisiones políticas se ponga en cuestión cualquier cosa importante. Estas trampas están alojadas en los procedimientos de decisión, y el caso más evidente es el proceso de decisión constitucional, que tiene unas exigencias de quórum que cumplen una función de que no se pueda cambiar nada sin el acuerdo de la derecha. Ese es el problema. Lo que RN ha visto es que un acuerdo parlamentario no es suficiente, lo que es verdad. Un acuerdo parlamentario llevaría a una modificación en los términos que la derecha admite.
¿En qué medida la crisis institucional incide en la necesidad de haber cambiado el sistema binominal y, ahora, la Constitución?
El acuerdo sobre terminar el binominal empezó antes que estallaran estos casos que han producido deslegitimación. Hoy, un plebiscito anterior parece irrealista, pero no parece irrealista un plebiscito posterior, cosa que hace cinco años parecía iluso. Quién sabe qué va a pasar en un año más. Si la Presidenta anunciara un mecanismo determinado, estaría anunciando lo que le parecería hoy realista, dada las condiciones de posibilidades de hoy día. Al apresurarse, uno se casa con las condiciones de posibilidad del momento en que hace el anuncio. Esa es la manera en que yo entendería a la Presidenta. Es necesario que haya discusión constitucional y que los ciudadanos opinen, partidos políticos opinen, que haya participación y que, en su momento, cuando las condiciones sean oportunas, discutiremos cuáles son los mecanismos.
Pero han pasado más de dos años desde que Bachelet fuera una candidata que prometió una nueva Constitución, y aún no informa el método.
Mientras más rápido la Presidenta anuncie el mecanismo, más rápido se clausuran las posibilidades de que se vayan abriendo nuevos caminos alternativos. Es bastante claro que una reforma constitucional sujeta a los mecanismos actuales de reforma no va a solucionar ningún problema, sólo v
a a reproducirlo. Un plebiscito ratificatorio, que es lo que ya plantea RN, es como vender humo.
Con el estado actual del Parlamento, ¿tiene la legitimidad suficiente para tener el control del proceso constituyente?
Es evidente que el Parlamento no tiene legitimidad suficiente para el proceso constituyente. No sabemos hasta dónde va a llegar la desacreditación de las instituciones políticas, en particular del Congreso, a propósito de todo lo que salga en las investigaciones. Podría llegar muchísimo más lejos de lo que hay hasta ahora -que ya es gravísimo- y dejar al Congreso completamente por el suelo.
Pero Bachelet remarcó el concepto “acuerdo político amplio”.
Uno puede pensar en dos maneras en que el acuerdo político se manifiesta. Una manera es que la nueva Constitución tiene que salir del Congreso y que se someta a las reglas de aprobación del capítulo 15 de la Constitución. Es decir, los 2/3 y 3/5, que es básicamente lo que se hizo en la reforma constitucional del 2005, y no hay ninguna razón para pensar que va a haber un resultado distinto. En ese caso, se van a cambiar muchas cosas, tal como en 2005, pero dos años después va a surgir de nuevo la idea de una nueva Constitución. La otra posibilidad es entender que el proceso constituyente necesita de un momento de validación institucional, pero no en el sentido de que sea un momento en que se decida cuál es el contenido y el texto de la nueva Cons-titución, sino que permita abrir la discusión. El proyecto de plebiscito es un momento institucional.
Si el Congreso se niega a perder control, menos va a querer facultar a la Presidenta para un plebiscito. La pregunta es cuán sostenible es una postura del Congreso en un contexto de cómo está hoy día. Sería bien difícil de sostenerla. Si la Presidenta lo que quiere hacer es una discusión constitucional que esté libre de las trampas constitucionales, y el Congreso dice “dejen la cocina a nosotros”, eso sería impresentable. El sistema institucional
está demasiado débil y neutralizado como para ser la fuente de la iniciativa que resolverá el problema constitucional.
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