En los cinco primeros meses de este año, 10.431 trabajadores -a través de 66 huelgas legales- paralizaron sus actividades laborales. Con eso, alteraron el funcionamiento de sus respectivas empresas por un período, en promedio, de dos semanas. El cuadro, en todo caso, habría sido peor si es que la Dirección del Trabajo (DT) no hubiera mediado entre los sindicatos y empleadores que durante sus negociaciones colectivas no lograron un acuerdo previo. Y es que, en realidad, en lo que va de este año han sido 35.745 trabajadores los que votaron favorablemente la opción de irse a huelga para presionar a su contraparte y que, sin la intervención del organismo fiscalizador, se habrían manifestado en 282 paros legales a lo largo del país.
El Código Laboral chileno circunscribe la huelga como un derecho sólo para los trabajadores en proceso de negociación colectiva legal y señala que se ejercerá únicamente si el diálogo y la mediación de la DT fracasan en los plazos determinados. Pero aun así, en el país al año se realizan casi la misma cantidad de huelgas ilegales que aquellas regladas, aunque lo más complejo es que las primeras movilizan un número de trabajadores 13 veces mayor que en el otro caso. Así lo concluye una investigación del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes) sobre las huelgas legales e ilegales en el país y cuya novedad es que por primera vez mide ambos procesos según los mismos parámetros, características y también sus efectos.
La entidad define la huelga ilegal como “toda acción social que implica una disrupción deliberada del proceso de trabajo, organizada por un grupo de trabajadores, para el logro de una finalidad común”.
De acuerdo al estudio, en 2014 se realizaron 193 huelgas legales y 174 ilegales, pero mientras las primeras involucraron a 44.128 trabajadores, en las ilegales participaron 562.278 personas. El análisis reveló que los trabajadores comprometidos con los paros no reglados en promedio suman 3.851 personas por cada evento, mientras que en el caso de los legales es menor, con 229 personas (ver infografía).
En 2013 se aprobaron 832 huelgas legales, pero se concretaron 205, con 31.669 trabajadores involucrados. En 2014 hubo 824 huelgas aprobadas, pero se hicieron 201, aunque con más trabajadores: 40.019 personas, según la DT.
Para el gobierno, este hecho, junto a lo sucedido en lo que va de 2015 y a las conclusiones del estudio del Coes son indicadores de que hay una disposición mayor por parte de los trabajadores para protestar por sus demandas laborales.
Otro dato del Informe Anual de Huelgas Legales e Ilegales en Chile se relaciona con la temporalidad: la mayoría de las huelgas legales ocurre en mayo-agosto y son menos en enero-abril. En las ilegales, el primer cuatrimestre también es más lento, pero aumentan entre septiembre y diciembre. Las legales duran 11,64 días en promedio y las ilegales, 4,48 días. El mes con más huelgas es noviembre.
El estudio utiliza dos fuentes de datos: las estadísticas de huelgas legales de la DT y la información codificada a partir de una muestra de prensa nacional y regional, basado en un análisis de eventos de protesta. “Esta metodología ha sido extensamente aplicada al estudio de los movimientos sociales en otros países, sin embargo, sólo recientemente ha empezado a ser empleada en investigaciones sobre nuestra realidad nacional. Además de las variables que tradicionalmente han sido usadas para la evaluación de la huelga, como, por ejemplo, el número de trabajadores involucrados y el número de días perdidos, el OHL (Observatorio de Huelgas Laborales) ha incorporado nuevas variables, como las tácticas sindicales, las causas de la huelga y la presencia policial y de aliados políticos y sociales en los eventos de protesta”, señala el Coes.
En y al margen de la ley
El derecho a huelga fue definido en 1996 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como “uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales”.
El Estado chileno suscribió el convenio, pero aunque la huelga y el cierre de la empresa están regulados en el Título VI del Código del Trabajo, en ninguno de los 16 artículos del capítulo se define el tema. Para los abogados laboralistas, esa falta de definición en el Código es lo que plantea que fuera de ese marco legal, por ejemplo, un paro podría ser considerado un incumplimiento laboral, pero no necesariamente una huelga ilegal.
Lo anterior explica que, por ejemplo, los paros y movilizaciones de los empleados fiscales, trabajadores portuarios, profesores municipales y funcionarios de la salud pública terminen sin sanciones judiciales, aun cuando carecen de negociación colectiva reglada. Esto, porque, además, hay un costo político implícito de sancionarlos.
En 2007, un estudio de la historiadora de la UC Carolina Espinoza, para el Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad, reveló que el 42% de las huelgas registradas entre 1985 y 2006 fueron ilegales, pues no cumplían el requisito de la negociación colectiva y/o porque se hicieron en el sector público y municipal.
El Título VI del Código Laboral permite el reemplazo de trabajadores en paro desde el día 15 de iniciada la huelga y con un bono de 4 UF (unos $ 98.000) por cada reemplazo. La eliminación de este punto de la norma ha sido una de las demandas más sentidas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), lo que este año podría finalmente ocurrir si el Congreso aprueba la reforma que tramita el gobierno (ver definiciones). La negociación colectiva se estableció en el Plan Laboral de José Piñera en 1979.
De los datos del estudio se sustrae que el 79,4% de las huelgas legales ocurre en la gran empresa, el 14% en la mediana, el 4,8% en la pequeña y el 1,8% en la microempresa. En cuanto a las ilegales, el 61,6% también está en la gran empresa, el 17% en la mediana, el 13,3% en la micro y el 8,1% en la pequeña. El estudio plantea que un indicador clásico para medir el impacto económico de una huelga es la cantidad de días-hombre de trabajo perdido (DHTP).
El sector de educación es el más afectado, con 24.468,24 días-hombre de trabajo perdido. Le sigue la administración pública y defensa, con 10.362 horas; intermediación financiera, con 6.628 horas, y servicios sociales y de salud, con 5.971 horas. El informe también señala que el 54% de las huelgas tiene como causa aumentos o mejoras salariales, el 11% por condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene, y que el 4% es por despidos o traslados, e igual porcentaje por incumplimiento de acuerdos. Apenas un 1% es por prácticas antisindicales.
Las formas de presión
Según el Ministerio del Trabajo, entre 2010 y 2013 las empresas con huelgas en Chile promediaron 60,09 días por cada 1.000 trabajadores asalariados, mientras que en Estados Unidos fueron 5,2 días; en Reino Unido, 24,5 días; en Alemania, 2,5 días, y en Canadá, 71,2 días.
Las tácticas más usadas en la huelga son el piquete o barricada, 21%; la marcha, con 18%, y los cortes de ruta, 11,1%. Luego están los turnos éticos, 7,6%; manifestación y movilización, 5,7%, y los brazos caídos, con 5,1%. El 73% de las tácticas empleadas son pacíficas.
Se destaca que en el 99,5% de las huelgas (legales e ilegales) no hubo lockout (cierre temporal de la empresa); en el 98,9% no hubo heridos y en el 96,5% no hubo detenciones o arrestos. El 95,9% fue sin enfrentamiento con las fuerzas de orden; en el 92,4% hubo bajo nivel de presencia policial y en el 88% no se presentaron autoridades.
Artículo e infografías propiedad de La Tercera. Periodista: Pamela Jimeno
Artículo e infografías propiedad de La Tercera. Periodista: Pamela Jimeno
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