Autor: El Dínamo Serían más de 83 sumarios en curso por posible maltrato de funcionarios contra menores y además, vía ley de Transparencia, se reportan 471 investigaciones administrativas.
La muerte de Lisette, que gatilló la salida de la directora del Servicio Nacional de Menores, Marcela Labraña, trajo nuevamente a la palestra la terrible realidad de esta institución, creada para proteger y orientar a los menores vulnerables, y que a veces hacen las veces de centro de reclusión de adolescentes de hasta 17 años.
Desde la comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados, el foco ha estado en las condiciones en la que se encuentran los niños.
Algunas de las situaciones que denuncian los trabajadores, según reporta La Tercera, es que la sobrecarga laboral, que da paso a intensos cuadros de “estrés”, motiva diversos tipos de maltrato a los menores.
Actualmente, según un informe solicitado vía Ley de Transparencia, firmado por el nuevo director del Sename, Hugo Herrera, existirían 471 sumarios en trámite. Ahora, los procesos que están relacionados con violencia contra menores de edad, ascenderían a “83 sumarios administrativos en actual tramitación a lo largo del país”.
De acuerdo a la comisión de Derechos Humanos del Senado, la institución contaría con cerca de 4 mil 50 funcionarios. Estos deben tratar a casi 15 mil menores internados en centros.
El presidente de la Asociación Regional Metropolitana de trabajadores,René Sáez, indicó que “ningún maltrato tiene justificación, hay que considerar la carga laboral de los funcionarios en los centros del Sename. Por ejemplo, en San Joaquín había 265 jóvenes para más o menos 15 funcionarios a cargo del cuidado de estos. Además, hay turnos de más de 26 horas continuas”.
De la mencionada comisión de DDHH, el senador Alejandro Navarro–quien preside la instancia- indicó que “todas las cifras relacionadas con este servicio son críticas que desbordan cualquier parámetro de comparación (…) el 64% de los niños están con tratamiento farmacológico”.
En el Congreso se discuten tres proyectos para reformular la institución.La idea principal es separar a los menores infractores de ley, de aquellos que están en una situación de riesgo por falta de redes de apoyo.
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