Sólo el reajuste de 7,5% que plantearon los trabajadores implicaría unos US$ 1.800 millones. En cambio, oferta del Gobierno de alza salarial de 2,9% alcanzaría cerca de US$ 698 millones.
Fuente: La Tercera
Cerca de $ 2,7 billones (unos US$ 4.125 millones), aproximadamente 1,7% del PIB, sería el costo fiscal si el gobierno accede al petitorio entregado por la mesa del sector público para la negociación del reajuste de este año. Así lo señala un documento elaborado por el Ministerio de Hacienda y que fue entregado a los dirigentes de los trabajadores y algunos parlamentarios.
“La cifra equivale a la inversión hospitalaria considerada en el programa de gobierno para los años 2014-2018”, señala el texto, y añade que representaría unas 2,5 veces el total de recursos destinados al Sistema de Pensión Solidaria que incluye tanto la Pensión Básica Solidaria (PBS) como el Aporte Previsional Solidario (APS).
El 23 de agosto la mesa del sector público entregó a las carteras de Hacienda y Trabajo un petitorio en el cual solicitan un reajuste salarial de 7,5% nominal, además de un alza en las remuneraciones mínimas, bonos, ampliación del seguro de cesantía, entre otros.
El pasado viernes, sin embargo, el gobierno planteó a los trabajadores un reajuste nominal de 2,9%, lo que correspondería, en términos reales, a un reajuste salarial de -0,2% considerando la proyección de inflación del Banco Central hacia diciembre de 2017 (3,1%).
Sólo en el caso del alza de remuneraciones, Hacienda calcula que un incremento de 7,5% significaría un desembolso de $ 1,2 billones, unos US$ 1.800 millones.
Usando la misma metodología, es posible estimar que el incremento planteado por el gobierno para los salarios (2,9%) implicaría un costo de $ 464 mil millones (US$ 698 millones).
A modo de referencia, cabe recordar que la reforma para la gratuidad en la educación superior alcanza un costo estimado por el gobierno en 1,58% del Producto.
En la misma línea, el monto total del petitorio es más del doble de los cerca de US$ 1.800 millones que significaría un alza de 3% anual en el presupuesto del próximo año, respecto del monto de US$ 60 mil millones estimado en el erario 2016.
En relación al bono postlaboral, los trabajadores demandan que se elimine la pensión de vejez líquida máxima y el requisito de tener 20 años de servicio al 5 de diciembre de 2008. Además, solicitan que se incremente el bono mensual a un monto de $ 120 mil. Esta medida, según Hacienda, tendría un costo de $ 300 mil millones.
Rechazo
Ayer la mesa del sector público reiteró su molestia frente a la propuesta del Ejecutivo. En las dependencias de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), los representantes de la mesa catalogaron la oferta como insuficiente. “La respuesta ha sido insuficiente en todos los planos, hay materias que por años han estado sobre la mesa, que tienen que ver con cobertura y otras materias que hoy día nuevamente han recibido un portazo por parte de la autoridad”, dijo la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.
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