A 21 días del inicio de la protesta de los trabajadores de la carbonífera SW, cuya propiedad recaía en los empresarios Rodrigo Danús y Paul Fontaine - y que hoy está declarada en quiebra -, no existen respuestas del gobierno para la demanda de los movilizados. La propuesta es sencilla: que los obreros se hagan cargo de la empresa y sacarla adelante. A la vista de la acción de la autoridad, es mucho pedir. El Ciudadano conversó con el portavoz de los mineros para conocer cual es el fondo del problema.
Por: www.elciudadano.cl
La zona del carbón de la octava región -esa compuesta por Lebu, Lota, Coronel y Curanilahue- ha sido permanentemente golpeada por la pobreza, la desidia de los gobiernos y la avaricia de los empresarios que ven en el recurso un medio rápido y barato para acumular riqueza.
A casi 20 años de la privatización y cierre de las minas en Lota y Coronel, que devinieron en planes de empleo llevados a cabo por el gobierno y que sólo terminaron por acabar con la economía local, la historia se repite ahora en la comuna de Curanilahue. Tras el cierre en agosto 2015 por la declaración de quiebra de la mina SW, de propiedad de los empresarios Rodrigo Danús y Paul Fontaine, los trabajadores vienen desde octubre del año pasado batallando por rescatar sus empleos.
Desde el gobierno la oferta fueron bonos y planes de empleo, que consistían en capacitaciones pagadas que tuvieron un costo de $2.200 millones. Pan para hoy, hambre para mañana. Mientras tanto, los trabajadores piden $500 millones para echar a andar la mina y poder tener un sustento permanente.
Al no tener respuesta del gobierno, quién no ha cumplido con el protocolo de acuerdo firmado el año pasado, los trabajadores decidieron pasar a la ofensiva para poner presión al gobierno para obtener respuestas. Enterrarse, literalmente, en el pique de la mina – a 650 metros de profundidad – hasta obtener las respuesta que exigen. A 21 días del inicio de la protesta (y la nula reacción gubernamental) los mineros decidieron cerrar todos los accesos al pique, quedando totalmente aislados.
En esta crítica situación, El Ciudadano conversó con el vocero de los trabajadores, Luis Chandía, es claro en señalar que “Este problema se inició en agosto del año pasado. Cuando nos abandonaron los empresarios Rodrigo Danús y Paul Fontaine – dueños de la minera SW – nosotros paralizamos nuestra faena. Nos quedaron debiendo tres meses de sueldo, un año de imposiciones, vacaciones, feriados, mes de aviso… nos quedaron debiendo todo; en octubre se declararon en quiebra y fuimos administrados por un síndico”.
“En ese momento paralizamos y el gobierno se comprometió con nosotros en ayuda social, en pensiones y en echar andar esta empresa; que es relativamente nueva, es una mina de carbón que tiene recursos, es viable y no veíamos porque no darle continuidad en vez de seguir cargando a nuestra provincia con los famosos planes de empleo”, describe Chandía, quién además recalca que “hay un protocolo de acuerdo firmado por parte del gobierno”.
Al ser consultado por este medio, respecto de cual es la respuesta que esperan de parte de las autoridades para deponer la movilización, Chandía responde que “Del gobierno no hemos tenido nada” y agrega que “Lo que estamos peleando es que se cumpla este punto sobre la continuidad de la mina. Estuvimos un año en capacitación, nos la pagaron, pero no sirve de nada porque hoy estamos donde mismo. Se invirtieron $2.200 millones en este proceso siendo que sólo necesitamos $500 millones para echar a andar la empresa“.
“Según el gobierno, no tienen herramientas o instrumento legal para inyectar los dineros. Pero el Senado y la Cámara de Diputados enviaron cartas diciendo que están llanos a aprobar proyectos especiales para generar estos recursos y no vemos un pronunciamiento del gobierno”, sostiene el portavoz del vocero al dar cuenta de las respuestas esgrimidas por la autoridad.
Al mismo tiempo, Chandía deja en claro la falta de voluntad para buscar una solución al problema y recalca que “Queremos presionar al gobierno para que finalmente apruebe inyectar estas lucas, quizás para el común de la gente $500 millones es mucho, pero para echar a andar una empresa productiva no es gran cantidad de plata. O sea se gastan más de mil millones en el Transantiago“. Y en claro tono de hastío declara que “La capacitación nos sirvió para darnos vuelta, pero ya pasó la hora”.
Sin embargo, la respuesta del gobierno se concentra en la implementación del formato de planes de empleo usados 20 años atrás, y que a la vista de los resultados no sirven. De esta forma Chandía sostiene que “Los planes de empleo que quieren implementar es una réplica de una practica fallida. El gobierno ya hizo esto de la reconversión laboral en Lota o Coronel pero no funcionó y ahora están haciendo lo mismo, y nuevamente no funciona”.
¿Cómo entiende la postura del gobierno? se le consulta a Luis Chandía y éste responde directo espetando que “Uno se pone a pensar en la negativa del gobierno, y solo se puede entender porque al empresario no le conviene que se levante una empresa en formato de cooperativa y que esté administrada por trabajadores. Nosotros como trabajadores tenemos derechos por ser los máximos acreedores, por lo que la empresa puede ser traspasada. El impulso económico es para pagar al síndico, y los gastos que ha generado la quiebra”.
Ya son 21 días de protesta en el subsuel, con fiestas de fin de año de por medio, pero el ánimo no decae en los trabajadores, quienes a través de Chandía envían un mensaje sin dobleces: “Nosotros seguiremos presionando”.
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