La nueva normativa cuenta con un cúmulo de críticas tanto del mundo empresarial como sindical y académico. Los últimos advierten que no toca al 61% de trabajadores y que restringe los derechos sindicales, constituyendo verdaderos retrocesos. Los dardos apuntan al Gobierno y a la complicidad de la CUT. Hablan acá el académico laboralista José Luis Ugarte, la dirigenta del movimiento “Cabreados” de la ANEF Orietta Fuenzalida y la ex directora del Trabajo María Ester Feres.
Por: www.elmostrador.cl
El primero de abril entra en vigencia práctica la llamada “reforma laboral”, publicada en el Diario Oficial el 8 de septiembre del año pasado. Según datos de la Dirección de Trabajo (DT), alrededor de 275 mil trabajadores deberán negociar sus condiciones laborales con los respectivos empleadores bajo los nuevo términos, número que representan el 82,6% de los tres mil 485 contratos vigentes en 2 mil 154 empresas.
Si bien la etapa deliberativa debió cerrarse con la aprobación de la ley, quedó pendiente la elaboración de una serie de dictámenes que han reabierto el debate sobre la orientación llevada por la reforma, reflotando sobre todo críticas tanto en el sector empresarial como en el mundo sindical y académico.
Esto sucede en el contexto de una severa deslegitimación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que representó al mundo del trabajo durante la tramitación de la reforma y que hasta hoy mantiene abierta la posibilidad de que tres organizaciones emblemáticas den un paso al costado: el Colegio de Profesores -que declaró “congelada” su participación-, la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
Reforma emblemática
“Nivelar la cancha” entre el capital y el trabajo fue la promesa que Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría hicieron en su programa de Gobierno. De este modo, a las tres reformas emblemáticas (a la de una nueva Constitución, la de los tributos y la de la educación) la agenda legislativa del Ejecutivo agregó en 2014 una cuarta bajo la conducción de la ex gerenta de Paz Ciudadana y actual miembro del Consejo de Defensa del Estado, entonces ministra del Trabajo, Javiera Blanco: la reforma laboral. La iniciativa se presentó como “pro sindical”, contemplando elementos como la titularidad sindical, para “poner fin al Plan Laboral de la Dictadura”.
Sin embargo, en una compleja articulación entre la persistencia de líneas del Plan Laboral de 1979 y una serie de omisiones, se constituyó lo que el profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales (UDP), José Luis Ugarte, ha caracterizado como “retrocesos”. Entre ellos, se cuenta que la reforma afecta a un sector minoritario de trabajadores, dejando al 61% fuera, según datos de la Fundación SOL. También que se utiliza la figura de la negociación por empresa, a la postre disgregada bajo la figura del multirut, sin considerarse la opción de la negociación por ramas, que es el modo en el que el empresariado sí puede organizarse (la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de Bancos, etc. articuladas en la Confederación de Producción y Comercio, son algunas de las instancias).
Dictámenes cursados y pendientes
reformalaboralLos dictámenes son reglamentos específicos que la Dirección del Trabajo emite de oficio, en los que se interpretan disposiciones que no quedarán suficientemente claras en la letra de la ley. Hasta hoy se han emitido siete, que abarcan los “servicios mínimos”, sobre los cuales María Ester Feres, ex Directora del Trabajo (1994-2004), indicó a La Tercera que se arriesga en este ítem que los empleadores intenten “recurrir a una polifuncionalidad extrema”, ampliando de facto el plazo de negociación de 180 días. El “reemplazo en huelga” queda formalmente prohibido, pero la particular figura de las “adecuaciones necesarias” abre la opción al reemplazo y la judicialización de los conflictos laborales.
También ha habido dictámenes que se refieren a los “equipos de emergencia”, a los “pactos de condiciones especiales de trabajo” y de “derecho a la información de los sindicatos hacia la empresa”. Sobre este último, desde el primero de abril se deberá entregar información financiera y remuneraciones para preparar la negociación colectiva. Este ítem -según Feres- fue interpretado por la DT especificando que se alude a grupos o tipos de cargos. La Sofofa pide reconsiderar aludiendo a la “confindencialidad”, cuestión protegida por el código laboral. Por último, se habilitó como resorte de los sindicatos la “extensión de beneficios a trabajadores no sindicalizados”, cuestión que en la medida en que permanecen los grupos negociadores tiene mucho menor impacto, anulando la titularidad sindical.
Quedan pendientes aún los dictámenes relativos a las “negociaciones colectivas especiales”, aquellas que pudieran implicar salir de los márgenes de la empresa, y las “prácticas sindicales desleales”.
Proyecciones desde la vereda sindical y académica
La dirigenta Orietta Fuenzalida, quien encabezó la lista independiente “Cabreados” en la ANEF -cuya participación en la CUT se mantiene en vilo-, es clara al apuntar que “la reforma laboral favorece más a los empleadores que a los trabajadores”, especificando que “(el hecho de) que se pueda trabajar doce horas cuando el estándar mundial es de ocho, sin duda es un retroceso”. En ese sentido, indica que “si no superamos la legalidad vigente, no podrá haber conquista de derechos”.
Esta perspectiva es compartida por José Luis Ugarte, quien indicó que “en términos sustantivos no hay modificación de las relaciones laborales luego de esta reforma. Seguirá siendo un país débil sindicalmente. Incluso es posible que disminuya, pues se hace más difícil constituir sindicatos”. Por otra parte, señaló que “aumentarán los litigios legales donde hay ya sindicatos constituidos y donde la negociación se hace más compleja”, añadiendo que “el Gobierno armó un entramado tal que conllevará mayores niveles de judicialización”. En definitiva -concluye- “es una reforma grande cuantitativamente y mediocre técnicamente”.
Ambos mantienen sustantivas críticas al rol sostenido por la CUT -de conducción comunista- durante el proceso de discusión. Orietta Fuenzalida apunta que la multisindical “sirvió de aval a esta reforma patronal”. Y señala que ello “ha quedado claro a una gran parte de los trabajadores sindicalizados que creía que la CUT podía representarlos”. “La CUT está pagando sus culpas”, agrega Ugarte, amparándose en la misma idea de que “dio aval al Gobierno de una reforma que ni siquiera comprendían”.
Coinciden ambos en que “lo razonable y positivo es que resultó en cuestionamiento de un sindicalismo autónomo”, en palabras de Ugarte. “Entonces hay muchas perspectivas de unidad, pero por fuera de la CUT. En ese sentido, es positivo lo que ha logrado esta pésima reforma. Sacarse la venda de los ojos y entender que si no nos unimos en una perspectiva autónoma, libre, sindicalista, va a ser muy difícil avanzar”, agrega Fuenzalida.
Ugarte concluye indicando que “en el mundo sindical la reforma creará gran frustración. Los trabajadores notarán que hubo un engaño, que no hay ‘emparejamiento de la cancha’ y, por el contrario, lo que hay es una consolidación de plan laboral de la dictadura”. Lo positivo de eso -apunta- es que “en un año eleccionario el tema laboral puede reflotar como eje de diferencias. La Nueva Mayoría no logra resolver el tema del trabajo”. “Hay que pensar por fuera de los referentes organizacionales tradicionales”, remata Fuenzalida.
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